Archivo para septiembre 2010

El Rati Horror Show

30 septiembre 2010

Un documental desmonta la red criminal del Estado

Una hora y media es suficiente para que la película El rati horror show dé por tierra con una causa armada por la policía, en la que se condenó a un inocente a 30 años de prisión con la complicidad de la institución judicial, los abogados, cierto sector de la prensa e incluso los testigos. Se muestra al Estado mismo puesto a disposición de la salvaguarda del funcionamiento criminal de la policía. Aunque el film muestra la desmesurada e increíble operación, en realidad no debería sorprender: el aparato represivo es la base misma del Estado -y debe ser cuidado, aún a costa de los inocentes.

En 2005 se produjo “La masacre de Pompeya”. El relato oficial señala que unos delincuentes, huyendo de la policía, tomaron en contramano una populosa avenida, atropellaron y dieron muerte a tres personas e hirieron a seis más, chocaron, se tirotearon con los oficiales de civil, uno se dio a la fuga y el otro, herido, sobrevivió, fue juzgado y condenado a 30 años de prisión por un crimen aberrante. Su nombre es Fernando Carrera. Y es inocente.

Apelando a archivos televisivos y a una investigación profunda, Piñeyro -que había dirigido Whisky Romeo Zulu, film sobre el accidente de Lapa que denunció las responsabilidades empresariales en la cuestión, y Fuerza Aérea Sociedad Anónima, sobre el mismo tema- desmonta la red criminal que fraguó el crimen de Carrera con el objetivo de proteger a unos policías que, sin identificarse, habían disparado contra un auto blanco que, en pánico, aceleró y produjo un desastre como consecuencia de la inoperancia policial. Para cubrir su error, los policías destruyeron a balazos el auto de Carrera y lo hirieron ocho veces. Pero sobrevivió.

En el lugar de los hechos, no se encontró ninguna prueba física que demostrara la culpabilidad de Carrera. No se hicieron dermotest (que miden la pólvora en las manos de quien dispara) ni se tomaron huellas digitales. No se encontró el arma que portaban los delincuentes perseguidos. Ningún testigo vio a Carrera disparar. Y el testigo que dijo haberlo visto era, casualmente, presidente de la asociación de amigos de la comisaría 34, a la que pertenecían los policías acusantes que, a la vez, iban en un auto no registrado, acondicionado para operaciones turbias. Esa misma comisaría protagonizó el triste caso de Ezequiel Demonty, obligado a tirarse al Riachuelo y muerto debido al sádico juego policial.

El abogado de Carrera fue puesto por la misma comisaría y era un conocido defensor de policías (defendió a un comisario condenado por el caso Cromañón). Los jueces tergiversaron los testimonios e hicieron caso omiso a la falta de pruebas. Hasta el fiscal Esteban Righi acaba de recomendar a la Corte Suprema que avale la condena a Carrera. Righi, hombre de la tendencia peronista en los setenta, hoy desconoce el principio republicano de la presunción de inocencia.

El documental (en el que la locución, la producción y la investigación no se ocultan sino que se exhiben y dan cuenta del filmar como un acto de trabajo, también propone a sus realizadores como unos detectives que cumplen el rol que la justicia se negó a llevar a cabo y dan una clase magistral de periodismo de investigación) es un documento de denuncia muy potente que demuestra que no sólo la Bonaerense, sino que toda la policía -todo el aparato represivo- está constituido por la podredumbre del crimen y que el Estado y sus instituciones no dudan a la hora de defender ese status quo. No por nada las primeras imágenes del film muestran la masacre del puente Pueyrredón. Sus ejecutores son los mismos criminales que se mantienen en sus puestos debido al aval del poder político.

Judas

http://po.org.ar/articulo/po1148088/rati-horror-show

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TV Digital: “Tutores” y flexibilización laboral

23 septiembre 2010

El Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, junto al Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) y la Universidad de San Martín (USAM), lanzó un plan de promoción de la producción audiovisual para las televisoras de propiedad estatal. El plan cuenta con 34 millones de pesos para ser distribuidos entre nueve concursos diferentes de documentales y de ficción, cuyo propósito sería, según lo planteado por Osvaldo Nemirovsci (coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre), “vincularse con organizaciones comunitarias (…) donde se cuentan historias de otra manera y desde otro modelo cultural en el que no todo esté basado en el rating y en las pautas (publicitarias)”.

En esta línea, funcionarios del gobierno fueron al Encuentro Nacional de Documentalistas realizado recientemente en Córdoba para presentar las bondades de este plan; “abrir un canal de ‘expresión a todas las voces’” y enfrentar “al modelo de país de los medios concentrados y las cinco productoras”. Señalaron que el plan es un brazo de “la Ley de Medios que lucha contra los monopolios” y no dudaron en precisar que la continuidad del fomento a la producción de estos contenidos depende del éxito electoral del gobierno en 2011.

Sin embargo, los creadores individuales o colectivos que quieran ser vehículo de las voces que buscan expresarse contra los monopolios deberán primero convencer a los jurados, de mayoría gubernamental (secretarios de cultura, sindicatos afines, directivos de universidades, etc), para luego pasar –según las bases de los concursos– por un férreo control ideológico. La presidenta del INCAA designará un tutor para cada proyecto y “los ganadores considerarán de buena fe los aportes efectuados por el tutor designado y acogerán sus sugerencias con respecto al contenido de la obra y su realización”.

En el mismo encuentro de Córdoba se evidenciaron los límites objetivos que están planteados a la libertad de expresión en el marco de esta disputa entre el Estado K y los monopolios mediáticos. Los documentalistas agrupados en la Red Andina advirtieron a los funcionarios que la presencia de jurados representantes de las universidades no es una garantía de idoneidad sino de proscripción, señalando que aquellas que reciben fondos de La Alumbrera vetarán la expresión de las voces que mayoritariamente rechazan la minería a cielo abierto en sus pueblos. Habría que agregar que si la continuidad del fomento dependerá del apoyo electoral al gobierno recontra minero de los Kirchner, la expresión de las voces contra los monopolios mineros no está garantizada, ni antes ni después de 2011.

Frente al proyecto final, también se pronunciaron en el Encuentro los representantes de la Asociación de Documentalistas Argentinos (Doca), que solicitaron el retiro de los “tutores” sobre los contenidos de la producción y exigieron la participación en los jurados.

Los trabajadores

Un reciente informe publicado por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica) muestra una caída del empleo bajo convenio en la industria (de publicidad y largomentrajes) del orden del 30%. La burocracia yaskista del Sica, que apoyó a gritos la Ley de Medios K, pretendió ilusionar a los trabajadores del medio con que su implementación redundaría en más trabajo. Otro tanto ha planteado la directiva del Sindicato Argentino de Televisión (SAT).

¿Qué les depara a los trabajadores el plan del gobierno para nutrir de contenidos a sus señales? El gobierno que se jacta de crear empleo en blanco podría haber optado por la creación de canales y productoras propias, empleando a trabajadores del medio en cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo del SAT.

Sin embargo, ha optado por un plan de tercerización dirigido a las pequeñas productoras. En uno de sus artículos aclara que “el productor será el único responsable de los efectos resultantes de la planificación, ejecución y puesta en marcha de la obra audiovisual, y se compromete a mantener indemne al Estado nacional (…) de la posible indemnización, daños, costos, costas y honorarios”.

El mecanismo que utilizan los patrones de las pequeñas productoras oscila entre el negreo liso y llano, la “facturación de servicios” o la conformación de “cooperativas” fraudulentas. Los montos ofrecidos a los ganadores de los concursos se encuentran por debajo de los promedios de costos con los que actualmente se produce para, por ejemplo, el canal Encuentro, “obligando” a estas patronales a profundizar estas políticas.

Una oportunidad

La puesta en marcha de este concurso ilumina la política con la que el gobierno pondrá en marcha su Ley de Medios. Por la vía de la tercerización se profundizará la precariedad laboral de los trabajadores audiovisuales. Por la de la “los tutores”, pretende la expropiación de las ideas de los creadores independientes para moldearlas en su beneficio.

Las voces que se escucharon en Córdoba deberán prepararse para hacer valer sus reclamos y derribar la injerencia de todo tipo de control ideológico sobre la producción audiovisual para las señales estatales, e incluso por participar con voz y voto de las decisiones de programación de dichos canales. Los trabajadores del medio audiovisual tenemos que deliberar en los sindicatos y definir acciones para que se reconozca la relación laboral con el Estado, salarios de convenio y todos los derechos sindicales.

Ojo Obrero

http://po.org.ar/articulo/po1145044/tv-digital-tutores-y-flexibilizacion-laboral