Jorge Lanata repitió en un informe de PPT algo que desde hace varios fines de años repiten distintos medios: que se hacen muchas películas argentinas con fomento estatal que luego no tienen público. La denuncia se combina con la del manejo discrecional de recursos para producir un «relato oficial» desde la cultura.
Liliana Mazure se limitó a responder lo siguiente: «Se critica que (…) se estrenaron 135 películas; (que se) generaron miles de horas de producción de televisión, donde se expresaron todas las voces del país», para agregar luego que «en 2011 fueron 150 las películas argentinas y se estrenaron todas. En otros países de la región no hay salas para poder estrenar todas esas películas, pero la Argentina sí las tiene».
En primer lugar, Mazure confiesa el viraje a las formas televisivas que el INCAA (en sintonía con la reglamentación de la Ley de Medios) le está imponiendo a la actual producción audiovisual, y luego incurre en una falsificación total de la realidad. Las películas argentinas no tienen salas porque las corporaciones yanquis (las ‘Majors’) las monopolizan, por eso prácticamente no se apoya el lanzamiento de tales realizaciones, luego de haberlas producido. Por otro lado, las salas que dispone el INCAA tienen que liberarse rápidamente para dar lugar a una circulación que no supera las dos semanas en cartel por película.
La presidenta del INCAA -desafiante- invita a Lanata a plantear qué política propone, luego de eludir su crítica fundamental de que “usan la guita para financiar el relato K”. Sin embargo, la posición de Lanata no debiera ser un misterio para Mazure; la misma fue explicitada también en el reportaje que hace unos meses le hizo a Ricardo Darín y al que Mazure interpeló personalmente, donde Lanata -contra lo dicho por Darín- planteó que se recorte la cantidad de producciones que se financian y se promuevan sólo las películas grandes y taquilleras. Para el pesar de Lanata, Página 12 también coincide con él (Ver nota “Cantidades astronómicas de un producto con poca salida”, de Horacio Bernades, 27/12/12). Fernando Sokolowicz, señalado por Lanata como uno de los principales hacedores del relato con dineros públicos, aventaja en poco miles a Patagonik Films, del grupo Clarín, el segundo acreedor de subsidios para producir cine con fondos del INCAA. En las vísperas del poskirchnerismo, no sería de extrañar que estos grupos logren un acuerdo de criterios.
Con más de quince mil estudiantes de cine y miles de artistas y trabajadores en ejercicio de la profesión, ajustar la cantidad de películas representaría un enorme retroceso cultural. La actual cantidad de películas producidas choca con el control absoluto de la exhibición y la distribución en manos de las “Majors”. La falta de público no radica en el valor artístico de cada una de las producciones sino en la ausencia de políticas de lanzamiento que pongan en conocimiento del público la existencia de las películas, el encarecimiento de las entradas y las salas cada vez más inaccesibles.
El ignorado control ideológico
Gran parte de la producción que se pretende recortar para que estos números no resulten exorbitantes es la de los documentales digitales que engrosan el número final de películas estrenadas (aportan casi 50 al año). Esta producción no es el resultado de ninguna política estatal de fomento, sino de la lucha del sector, que en 2007 logró con movilizaciones que se cree una vía de subsidios de bajo costo para el género. El análisis de los proyectos de esta vía fue hasta hace pocos días el único realizado por comités de evaluación independientes de la gestión y con representantes directos de las asociaciones de documentalistas.
La aparición de films que cuestionan fuertemente al gobierno ocasionó la intervención de la gestión con la resolución 982/13 que quita a los documentalistas la potestad sobre la designación de los jurados. Dicha resolución se firmó al día siguiente del estreno de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, es decir antes de que la película se convirtiera en la más vista de las producidas por esta vía, superando cancelaciones de las salas INCAA (las que dice Mazure que sólo tiene Argentina en la región) y teniendo que apelar a la distribución alternativa para paliar las trabas del mercado. La intolerancia K a la crítica provocó un tsunami en el mundo cinematográfico. Del «relato», del control ideológico, Mazure no dijo nada.
Sin política
Que Lanata oponga el financiamiento de la producción cultural a los hospitales sólo habla de su oportunismo, a tono con la onda poskirchnerista. Sería más útil el paralelo si se contrapusieran los hospitales, las escuelas y la cultura, al pago de la deuda externa y los subsidios millonarios a los Cirigliano; eso daría cuenta de las contradicciones fundamentales del relato nac & pop.
Liliana Mazure, ahora candidata a diputada -contra su voluntad (?)- no tuvo, ni tiene, política para resolver la dramática situación de la exhibición y la distribución del cine nacional. Así no podrá enfrentar los embates de los Lanata y los Sokolowicz, que exigen un ajuste; mucho menos a las majors de Hollywood. Así, cientos de realizadores dejarán de filmar.
No aceptamos ninguno de los dos condicionantes que se plantean a la producción artística: ni el que pretende una regulación acorde al mercado (que ignora además la inequidad de la “competencia”), ni el condicionante que plantea la producción de determinadas temáticas y formatos en consonancia con los objetivos de un relato “nacionalista” que se arrodilla frente a Hollywood y Chevron.
Los cineastas debemos deliberar y elaborar una política propia que sirva para establecer el financiamiento de la producción artística, sin la mediación de las empresas productoras que parasitan el presupuesto estatal, asegurando el pago de salarios de convenio a todos los equipos técnicos y eliminando todo tipo de control ideológico o direccionamiento sobre los contenidos. Estableciendo la elección democrática y revocable de los jurados que asignan los presupuestos. Impulsando la creación de una política especial de difusión y lanzamiento para los films nacionales, empleando espacios cedidos por todos los medios para su promoción y estableciendo la obligación de los exhibidores de cumplir con una cuota de pantalla.
En las actuales condiciones es muy fácil atribuirle a una obra la falta de público. Se trata de crear nuevas condiciones.
Ojo Obrero
(www.ojoobrero.org)
2 de julio de 2013
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